Los usuarios de Internet de Japón, quienes descargan material con derechos de autor podrían enfrentar hasta dos años de prisión o multas hasta de 25,700 dólares, ahora que la ley ha cambiado en ese país. Las descargas de contenidos con derechos de autor son ilegales en el Japón desde el 2010, pero hasta ahora no se habían invocado las penas por esta actividad. De hecho, subir material con derechos de autor sin permiso puede acarrear en el país nipón una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de yenes.
Todo hace suponer que de nuevo los gobiernos están buscando querer controlar lo incontrolable. Japón, no es novedad ni casualidad: es el segundo mercado mundial de música, después de los Estados Unidos. Así, ya hay cabildeo de la industria musical en el Japón para controlar y regular este mercado de las descargas ilegales.
En teoría, los nuevos castigos a quienes descarguen material con derechos de autor pueden aplicarse incluso si un usuario es hallado de encontrarle un solo archivo de música pirateado. La Asociación de la Industria del Disco de Japón ha empujado esta medida, sugiriendo que las descargas ilegales sobrepasan por 10 a 1 a las descargas legales. Estos númerosa se basan en un estudio del 2010, en donde se sugiere también que en el Japón se han descargado cerca de 4.36 mil millones de archivos de música y de archivos de video, contra los 440 millones que se adquirieron legalmente (comprándolos, pues). Los de la industria disquera han dicho que estas cifras se han incrementado en los siguientes meses. “Esta revisión reducirá las violaciones a los derechos de autor en Internet”, dijo Naoki Kitagawa, quien es también jefe ejecutivo de Sony Music Entertainment del Japón. Los cambios a la ley fueron votados en junio por los políticos japoneses.
El grupo Anonymous entonces protestó (cubiertos con sus peculiares máscaras), en Tokio al respecto de este cambio en la ley. Hubo hackeos temporales a los sitios de la industria disquera en ese país y además, se protestó indicando que la ofensa, en todo caso, debería permanecer en el ámbito civil y no como una cuestión penal, criminal. “Tratar las actividades personales con castigos criminales debería hacerse con mucho cuidado, pues el daño de la propiedad causado por un individuo que descarga contenidos es altamente insignificante”, dijeron. Sin embargo, eso no cambió la opinión de los políticos nipones.
Aparentemente Japón es parte de un plan internacional para derrotar la piratería en línea. En los recientes meses se quitó del “aire” a Megaupload; Ucrania quitó el sitio Torrent Demonoid; El Reino Unido ha encarcelado al propietario del proveedor de videos SurfTheChannel; y muchos países están restringiendo el acceso al torrent de Pirate Bay. De hecho, su fundador fue deportado de Cambodia a Suecia por cargos de evasión fiscal. Francia, por su parte, multó recientemente a sus ciudadanos bajo la regla de los “tres strikes”, el cual permite imponer una multa a un pirata presunto si ignora las tres advertencias que se le han hecho sobre su actividad.
Sin embargo, los intentos por introducir estas nuevas leyes han tenido problemas en todos lados. Los Estados Unidos no pudieron imponer SOPA (Stop Online Piracy Act), ni PIPA (Protect IP Act), en enero, después de que Wikipedia y miles de sitios se apagaron voluntariamente para protestar por estas intenciones regulatorias. El Parlamento Europeo votó en contra de ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) en julio pasado.
Parte de las dificultades residen en querer imponer un nuevo modelo regulatorio a Internet cuando éste nació sin regulación alguna. Ahora, aunque los gobiernos busquen otra cosa, está claro que no podrán imponer ningún control a Internet.
Referencias: