Tras la aprobación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, por parte del Senado de la República, la presión por parte de la sociedad civil, expertos en ciberseguridad y grupos en defensa de los derechos humanos y digitales alzaron la voz para visibilizar el riesgo de esta medida.
Dicho padrón implica que todos los usuarios de telefonía móvil en el país estarán obligados a entregar sus datos biométricos, como huellas dactilares, iris del ojo, voz o reconocimiento facial, para verificar su identidad, con la intención de que estos datos sirvan para el combate a la delincuencia.
Si bien la medida fue aprobada en lo general por el Senado actualmente deberá seguir una serie de pasos y procedimientos legales para que realmente entre en vigor, y ante el riesgo que conlleva, Luis Fernando García, director general de la Red de Derechos Digitales (R3D), detalla la siguiente hoja de ruta.
En manos del presidente
“La decisión está en el presidente actualmente y él tiene la facultad de vetar o no esto. Vetarlo es la única forma de mantenerse congruente con lo que dice el presidente sobre su gobierno; dudo que lo haga pero es importante que se manifieste”, dijo García en entrevista con Unocero.
Esta posibilidad detendría la discusión; sin embargo, en la mañanera del miércoles 14 abril, López Obrador dijo que veía la medida con buenos ojos y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento adicional.
Acciones de inconstitucionalidad
En caso de que el primer mandatario no detenga esta medida por veto presidencial, la aprobación de la medida pasará al Senado y a la Cámara de Diputados en donde García estima que una mayoría la vote como inconstitucional.
“Si la publica el presidente hay varias cosas que van a suceder para impedir que el Padrón sea realidad. Lo primero son las acciones de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser interpuestas por un tercio de la Cámara de Senadores o un tercio de la Cámara de Diputados, por la votación que hubo es casi garantía que se interponga la acción de inconstitucionalidad”, dijo.
La primera votación ante esta medida en el Senado fue de 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
El INAI también puede imponer esta sanción de inconstitucionalidad.
“Si esto sucede el Padrón quedaría eliminado”,
dijo García.
De lograrse dicha mayoría en el Senado se detendrá la implementación de la medida, y de acuerdo con el experto, la ciudadanía y las organizaciones civiles no se verían en la necesidad de tener que tramitar amparos para no acatar lo que dicta el padrón.
“Desde R3D pondremos un amparo y en caso de que esto sea necesario comunicaremos a la población lo que puede hacer para ampararse”, agregó.
García argumenta además que esta implementación de esta medida no es viable por varias otras razones, una de ellas su motivador, pues advierte que estas acciones son una forma en que los actuales encargados de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador buscan argumentar el por qué a la fecha sus acciones para reducir la inseguridad no han dado resultados.
“La estrategia de seguridad de este gobierno no está funcionando y el gabinete de seguridad está haciendo medidas para convencer de que no es su culpa que no han podido con la tarea y una de esas medidas, es decir que les falta este padrón pero eso es mentira pues ya se cuentan con herramientas de geolocalización y rastreo de comunicación móvil con órdenes judiciales. Herramientas tienen y de sobra, además de que un delincuente no usaría un celular con sus datos verificados para cometer un delito”, explica García.
La implementación de este padrón costaría un estimado de 109 millones de pesos y los ciudadanos tendrían un plazo de aproximadamente dos años para dar de alta sus datos biométricos, por el contrario se cancelaría la operación de las líneas celulares sin registro; sin embargo, en el país no toda la población cuenta con documentos requeridos para darse de alta en el padrón, como el CURP (Clave Única de Registro de Población).
No es viable
A la par de los pasos que esta medida debe seguir para hacerse realidad, García detalla otros puntos por los que habilitar un padrón como este no sería algo posible.
- No hay recursos suficientes para habilitar y coordinar en una sola base de datos los datos biométricos de toda la población del país. Este Padrón conformaría la mayor base de datos del mundo.
“El propio IFT que tendrá que resguardar este padrón ha dicho que no tiene presupuestos para manejarlo y esto también comprometería la privacidad de los datos”, dijo García.
- Recabar los datos: Hasta ahora no se tiene claridad de quiénes serían los encargados de recabar estos datos, si las telefónicas u otras instituciones o puntos de venta de teléfonos, como las tiendas de conveniencia en donde se venden feature phones.
“En términos logísticos y de costos es poco viable, además hay 500,000 puntos de venta de chips y telefonía en el país y habría que recabar biométricos desde ahí, es inviable”, dijo.
- Actualmente el gobierno federal ya cuenta con la capacidad legal y operativa para monitorear comunicaciones telefónicas sin necesidad de contar con biométricos de la población, de acuerdo con la última Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y existen mecanismos con los cuales pueden inhibir la señal celular alrededor de reclusorios, desde donde se hacen 60% de las llamadas de extorsión.
