A lo largo del último año, las reformas fiscales en México han incluido regulación para que los servicios y plataformas digitales que no tienen residencia en el país se ajusten a las obligaciones tributarias.
De esta manera, en 2020 entró en vigor la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y plataformas como Netflix y PlayStation Network sumaron el IVA al costo final que cubre el usuario.
Ahora, como parte del nuevo paquete fiscal para 2021, la misma ley ha sido objeto de una reforma que prevé el bloqueo de proveedores de servicios digitales que tengan su residencia en el extranjero y que no tengan establecimiento en México, en caso de que incumplan con los requisitos establecidos en el mismo ordenamiento jurídico, dentro de los cuales sobresalen inscribirse en el SAT y enterar sus respectivos impuestos.
El bloqueo se realizará a través de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y se mantendrá hasta que los proveedores extranjeros cumplan con las obligaciones omitidas.
Al respecto, BlackBox Startup Law, firma de abogados especializada en asesorar plataformas digitales, opina que estos bloqueos implicarán un serio impacto a las startups, pues se les impedirá ofrecer sus servicios en línea y la reactivación sería un proceso que les tomará tiempo.
Víctor Aguirre, socio fundador de la firma, dice que la reforma carece de un medio de defensa específico para los presuntos infractores, lo que además puede perjudicar al consumidor mexicano que estará privado de los servicios de estas plataformas digitales extranjeras.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) también se ha pronunciado y enfatizó que, aún cuando es necesaria la tributación por parte de prestadoras extranjeras, el bloqueo es una sanción desproporcionada que podría generar impactos negativos en el ecosistema digital mexicano, y las Pymes se verían desprovistas de impulso, cuando lo cierto es que representan el 90% de las empresas en el país.
Cabe recordar que en días pasados, Sissi de la Peña, gerente de comercio digital de la ALAI, nos dijo que en México hay un ambiente de regulación excesiva al sector privado que ocasiona que las inversiones extranjeras en el país se retiren y que los nuevos desarrollos de negocios no puedan surgir.
La más reciente reforma fiscal entró en vigor el pasado 1° de enero y BlackBox remarca que dentro de los motivos de bloqueo también figuran no designar un representante legal en México, no registrar un domicilio fiscal y no tramitar la firma electrónica.
Los concesionarios de redes públicas que no acaten el bloqueo serán acreedores a multas de 500,000 a 1,000,000 de pesos.
