La probable regulación de las redes sociales en México cobra relevancia ahora que su impulsor, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, propuso presentar dicha iniciativa en un plazo máximo de tres semanas, lo que para los expertos y la iniciativa privada representa un riesgo al comercio electrónico y a la libertad de expresión en la red.
Sissi de la Peña, gerente de comercio digital de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), dice que la probable regulación de redes nos debe importar a todos y que es un debate que no puede cubrirse en las tres semanas que Monreal puso como límite para presentar su propuesta.
La ALAI, que incluye la representación de voces de Twitter y Facebook, ya hizo pública su postura y en ella se arrojaron preocupaciones por la probable violación a la naturaleza descentralizada y libre de Internet, y por el impacto negativo al desarrollo digital y económico de México, un país que además tiene suscrito el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Esta iniciativa viola el Capítulo 19 del T-MEC, pues pone barreras injustificadas al comercio digital y genera incertidumbre al limitar al flujo transfronterizo de datos, además de que apuesta por un trato discriminatorio a las redes sociales en México, una situación que desde luego no se presenta en Canadá ni Estados Unidos. Se supone que con el T-MEC estamos homologando principios para fomentar el desarrollo digital entre las tres naciones, pero ahora nuestro país pretende someter todo a las decisiones de un órgano autónomo, como lo es el IFT”, dice De la Peña.
Un punto que le intriga es la premura de pasar una iniciativa de regulación de redes al Congreso, cuando la Secretaría de Economía ya estaba trabajando en un mecanismo que incluía aportaciones de múltiples actores.
De la Peña aplaude que Monreal también quiera diálogo, pues es necesario escuchar las voces de la academia, comunidad técnica, periodistas, usuarios y plataformas en una discusión de esta naturaleza, aunque afirma que le alarman las tres semanas que el senador puso como límite para presentar su propuesta.
“En este momento no sabemos qué sigue. Quedamos en que se abrirán estas mesas y en que estaremos presentes, acompañando el proceso en la medida en que el senador lo permita para emitir opiniones e involucrar tantas voces como sea posible. Estamos en toda la disposición de colaborar en este debate”, dice De La Peña.
Al final, recordó que una regulación de redes sociales puede ser contraproducente y convertirse en una herramienta de censura del Estado.
“Si el gobierno dice ‘Yo no valido tu mecanismo de suspensión de cuentas, es necesario que esto lo analice un ente gubernamental’, por supuesto que se puede pensar en la imposición de un mecanismo a la libertad de expresión”, reflexiona antes de decir que la propuesta de Monreal no tiene por qué terminar como iniciativa de ley, pues es un debate que no puede terminar en tres semanas.
Por su parte, Monreal sostiene que la pugna entre libertad de expresión y derecho a la información en redes sociales requiere un marco jurídico, y que los límites excepcionales a la libertad de expresión no deben ser establecidos a discreción por las redes mismas, sino por el Estado.
También dice que regular redes sociales no significa censurar, sino garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
