Uber ha tenido una semana, digamos, complicada a nivel global. Y es que el lunes el Gobierno de India emitió una orden para suspender los servicios del sistema de transporte privado luego de que uno de sus choferes supuestamente violara a una usuaria del servicio. Al día siguiente, la policía de Chicago anunció que investigaba otro posible caso de violación por un conductor de Uber y, horas más tarde, autoridades de Los Ángeles y San Francisco, en California, hicieron público que realizan una investigación en contra de Uber por supuestos engaños hacia sus clientes a la hora de realizar cargos a sus tarjetas de crédito.

La debacle continuó ese mismo martes cuando un juez en Madrid, España, ordenó la suspensión del servicio en todo el país europeo bajo el argumento de que representan una competencia desleal para los taxistas. Esto significa que, a partir de ahora, todo tipo de operación, transacción o alojamiento relacionado con Uber podría ser considerado como ilegal.

El problema entre la Asociación Madrileña del Taxi y los conductores de Uber lleva varios meses en el país ibércio, motivo por el cual los taxistas establecidos alegaron el 7 de octubre ante un juez mercantil que los conductores del popular servicio de transporte privado carecen de una autorización administrativa para ofrecer el servicio, que no pagan los respectivos impuestos y que no tienen otro tipo de gastos como los que sí cubren los taxistas; lo que genera en una competencia desleal. Un juez español decidió aceptar estas quejas y, tras analizarlas, emitió la suspensión cautelar del servicio.

¿Qué implica la decisión del juez?

La resolución alcanzada por el juez mercantil número 2 de Madrid, España, ordena la suspensión en toda España de la presentación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros bajo la denominación UberPop, tanto en su sitio web como a través de la app para dispositivos móviles. Además, es necesario que las principales operadoras de telecomunicaciones españolas suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a las redes o la prestación de cualquier servicio equivalente relacionado con Uber y que las entidades bancarias suspendan todas las operaciones relativas a los cobros con el servicio.

En respuesta a esta decisión, Uber España, a través de un comunicado de prensa, aseguró que seguirá ofreciendo sus servicios en España y calificó el proceso legal como “incompatible” y de “altamente inusual”. Además, Uber alega que, durante el proceso legal, no fue requerida su versión de los hechos, como debe de ocurrir en cualquier procedimiento de este tipo.

Los casos de esta semana no son los únicos, ya que autoridades de Bélgica, Países Bajos y del estado de Nevada, en Estados Unido, han emitido suspensiones similares al servicio.

Actualmente, Uber ofrece sus servicios en 128 ciudades en 37 países del mundo, pero el debate sobre su uso y sobre si representa una competencia desleal o no a los taxistas de cada región aumenta, por lo que esta suspensión podría no ser la última.