A mediados de 2010, el gobierno mexicano inició una licitación de espectro para dotar a los operadores móviles de este recurso esencial en la provisión de sus servicios al público. Sin embargo, desde el primer día existieron puntos álgidos, principalmente detonados por los límites a la acumulación de espectro que fijó la Comisión Federal de Competencia para evitar la concentración de este insumo y a la forma de licitación en la que existirían bloques a los que no podrían acceder los operadores por este límite impuesto.
La intuición detrás de estas restricciones era promover la competencia desde la tenencia equitativa del espectro concesionado y de pasada buscar la entrada de un nuevo operador móvil. Y aquí es donde se complica la situación. Por más que se realizaron giras internacionales para atraer operadores extranjeros, ni uno solo quiso contender por este espectro dadas las deplorables condiciones competitivas del país y la falta de certidumbre jurídica para tan elevadas inversiones necesarias para operar una red de telecomunicaciones.
Pero Nextel, el mayor operador de trunking o radiocomunicación de flotillas, el cual ofrecía ya un servicio “sustituto” a la telefonía celular, pero que técnicamente operaba bajo otra concesión y figura legal, tuvo a bien participar de manera conjunta con Televisa, asociación que les durara muy poco debido a la incertidumbre del resultado, en la licitación de este bloque de servicios móviles de nueva generación sin tener competencia alguna en la subasta pública y pudo obtenerlo a un precio ligeramente mayor al que se publicó en las bases.
Por su parte, Iusacell al estar impedida a concursar por ese bloque por su acumulación de espectro, solo pudo competir por bloques más pequeños, y más peleados por sus competidores Telcel y Movistar, y el precio pagado por MHz fue considerablemente mayor, y el motivo central de todos los recursos legales frente a Nextel.
Posteriormente, al poco tiempo de que Televisa dejara a Nextel solo en el proceso, y con gran interés por participar en el segmento móvil, decidió ofrecer 1,600 millones de dólares por el 50% de Iusacell en una movida inesperada, la cual aún debe ser autorizada por la misma Comisión Federal de Competencia.
Así, transcurrió poco más de año y medio hasta que ayer por fin ambas empresas comunicaron que desistieron en los recursos legales que tenían a Nextel imposibilitado de utilizar este espectro y poder mejorar la calidad de los servicios que ofrece, argumentando que “ambas empresas atendemos el llamado del Gobierno Federal, en el sentido de continuar trabajando bajo la premisa del impulso a las tres “C” Convergencia, Competencia y Cobertura, que beneficie a los usuarios de telefonía a través de más y mejores servicios, y que garantice un sector estable y pujante en el que predomine la certidumbre jurídica”.
Definitivamente me agrada que ahora busquen ambas empresas una sana competencia para este sector que tanto lo necesita y, aunque argumenten que no hay nada oscuro detrás de este “pacto de no agresión”, a mí me queda la duda si, ¿sería una negociación con el gobierno para autorizar la compra del 50% de Iusacell por parte de Televisa a cambio de que se fortalezca el ecosistema competitivo del segmento móvil en el país?