Hace un par de días nos enteramos —sorpresivamente— que el gobierno mexicano, a través de su embajador en Japón, Claude Heller, firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), un acuerdo que supuestamente pretende defender los derechos de los creadores, de las marcas, de la propiedad intelectual. Hace meses hubo ya la intención de que México se incorporara a esta iniciativa, particularmente promovida por el Senador Federico Döring, el cual no tiene ni idea de lo que parece ser, se trata esto de ACTA pero que está convencido de las virtudes de esta iniciativa.
En términos generales, la intención es evitar que individuos lucren con marcas ajenas, con contenidos protegidos por derechos de autor. Esto es evidentemente un problema cuando se trata de internet, pues por muchos años se ha buscado una solución razonable para los problemas de los derechos de autor.
Se han inventado muchas ideas que rayan en el ridículo y que no han prosperado; por ejemplo, en algún momento a un diputado se le ocurrió que debería pagarse un impuesto por cada CD o DVD virgen que adquiriéramos y que ese dinero se debería dar a los creadores de contenidos. ¿Cuáles? Quién sabe, pero el argumento de ese personaje es que quien compra un CD o DVD virgen es porque seguramente va a hacer copias piratas de contenidos con derechos de autor. Este diputado jamás pensó que un usuario puede comprar CDs o DVDs para proteger su información, para hacer respaldos, para distribuir sus propios contenidos, etc.
A otro legislador se le ocurrió entonces que debería pagarse un impuesto por comprar discos duros. La argumentación es la misma: quien se compra un disco duro es para copiar archivos de música o bajar videos de internet con derechos de autor, etc. De nuevo, son argumentos simplistas que no soportan la más mínima crítica.
Ahora que el embajador, Claude Heller, que no sé a cuenta de qué firmó algo que el propio Senado de la República no había aceptado (después del cabildeo de intelectuales y gente de la ciencia, que hace uso cotidiano de la red), sale el presidente del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), José Rodrigo Roque Díaz, para decirnos que ACTA no violaría garantías individuales y que sólo se perseguiría a aquellos sospechosos de estas actividades ilegales.
Se le olvida a este señor que si eso que dice fuese cierto, no podría haber jamás presunción de un delito de violación de derechos de autor porque para ello estaría el proveedor de internet obligado a ver comunicaciones privadas del sujeto que es sospechoso de tales ilícitos. Yo me pregunto, ¿cómo no se van a violar las garantias individuales y de privacidad de alguien si para investigarlo tienen que violarse dichas garantías?
ACTA es por ende un problema. Pongamos un ejemplo: hago una fiesta y pongo música de un disco que adquirí legalmente. Saco un video de dicho evento y lo subo a YouTube. Bueno, pues la música que aparece en mi video personal, casero, es susceptible de derechos de autor y por lo tanto me pueden demandar por hacer uso de material con copyright.
Y esto es sólo un ejemplo. La idea es que con ACTA, los proveedores de la red internet estarán obligados a convertirse en policías virtuales, que deberán revisar todo el tráfico de la red a ver si alguien no está mandado un archivo mp3 de una rola o un artículo de un periódico, una foto con derechos de autor o cualquier otra cosa susceptible de violar tales derechos.
Esto, por supuesto, suena absurdo: qué infraestructura tendría la capacidad para monitorear los millones de mensajes que se generan en la red de redes. Tener una ‘policía’ de esta naturaleza es poco práctico y probablemente invíable, por lo que he aquí lo que en el fondo pudiese pasar: la idea es que si pasa ACTA, el gobierno de cualquier país que esté en este acuerdo, podría decirle al proveedor de internet que investigue a un usuario en particular del que se sospecha comete actos violatorios a los derechos de autor.
De esta manera, cualquier gobierno podría empezar con prácticas intimidatorias y al mejor estilo dictatorial. Si hay algún enemigo de un gobierno particular, lo podrían perseguir en una espantosa cacería de brujas si acaso alguna de sus comunicaciones privadas incluso, tuvo que ver con una violación de los derechos de autor. Así, estaríamos entrando a un estado totalitario.
ACTA es tan nefasta que hace tiempo la red, en protesta a esta iniciativa, logró que muchas páginas se oscurecieran o de plano salieran de la red por un día, inclusive Wikipedia. En principio es difícil que esta propuesta prospere, porque en el fondo nos va a afectar a todos y a la larga va a dar al traste con la libertad de opinión, con la privacidad en la red y con el mismo internet. Imagínense una red sin libertad de expresión, sería la muerte de la red de redes.
En el fondo lo que pasa entonces es que los gobiernos han decidido quitarnos las libertades civiles que deberíamos tener todos y que tantos años han costado. Los del poder siempre buscarán restringir la libertad de quienes son gobernados y por ello hacen reglas por demás absurdas que sólo conviene a unos pocos.
En mi opinión, la mayoría probablemente esté convencida que los derechos de autor deban respetarse pero queda claro que las reglas sobre los propietarios de los contenidos han sido rebasadas por la tecnología misma. Hay pues que cambiar el ‘modelo’ que ha estado vigente por tantos años. Ya no opera, la tecnología del cómputo ha modificado radicalmente en cómo se manejan los contenidos. ACTA no es una buena respuesta, al contrario, es la peor de las ideas.