Un estudio realizado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló que tres compañías mundiales NSO Group, FinFisher y Hacking Team, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, vendieron sus programas a gobiernos estatales en México para espiar a los ciudadanos.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró que la vigilancia estatal en el país está fuera de control:
“En los últimos años, el Estado mexicano ha incrementado sus capacidades para la intervención de comunicaciones y la invasión a la privacidad, bajo el argumento de la investigación de delitos de alto impacto. Sin embargo, la carencia de contrapesos institucionales y de mecanismos de rendición de cuentas provocan que el gobierno posea un gran poder invasivo y control sobre las personas vigiladas.”
El acceso al contenido de las comunicaciones de una persona, así como el análisis de los datos de localización o el historial de comunicaciones de los usuarios de telecomunicaciones, otorga al Estado un alto poder invasivo y control sobre la persona vigilada.
13 estados de la República junto con el Ejército Mexicano adquirieron un software de espionaje capaz de infectar computadoras, teléfonos y celulares de cualquier usuario con el fin de robar información sin las facultades legales para hacerlo y sin dejar rastro alguno de intervención ilícita.
Las 13 entidades que tienen relaciones comerciales con compañías de hackers a través de otras empresas son: Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
Por otra parte, el informe demostró que el gobierno no probó ser útil en el combate de la delincuencia con sus facultades legales para intervenir dispositivos móviles, pues no se ha registrado una disminución relevante en la inseguridad debido a ese mecanismo.
Entre 2013 y 2015, las instancias de seguridad mexicanas solicitaron en por lo menos 3 mil 182 ocasiones un permiso para intervenir comunicaciones privadas. Además, extendieron al menos 41 mil 107 peticiones a las empresas de telecomunicaciones para conocer los “metadatos” de sus clientes y otras 11 mil 994 solicitudes para descubrir la geolocalización en tiempo real.
En 99 por ciento de las peticiones de metadatos y de geolocalización las instancias no contaron con el visto bueno de la justicia federal, aunque obtuvieron los datos de las empresas de tecnología y proveedores de Internet.
Lo verdaderamente alarmante es que el gobierno espía a dispositivos de individuos que ni siquiera han sido acusados por ningún delito. “Aunque la ley autoriza la intervención de comunicaciones privadas contra posibles delincuentes, en el 90 por ciento de los casos las personas espiadas nunca son acusadas ante un juez”, afirma el estudio de Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Veracruz es el estado que más padece de esta deplorable situación, pues la Fiscalía reportó 2 mil 339 expedientes de investigación en los que se solicitó una medida de vigilancia o espionaje, pero solamente nueve casos fueron consignados, es decir, un porcentaje mínimo que presentó relación con la delincuencia.
El concepto de vigilancia estatal se refiere a la recolección, almacenamiento, monitoreo y análisis de información personal llevada a cabo por parte de autoridades públicas, pero lo que el Gobierno hace es construir perfiles sumamente detallados de cada persona, lo cual representa riesgos a la privacidad, la seguridad e integridad moral.
La vigilancia masiva no puede, en ningún caso, considerarse una medida legítima por parte del Estado, sino que la vigilancia debe ser focalizada y justificada por las circunstancias específicas de un caso concreto que realmente amerite la intervención del gobierno.
Referencias: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Animal Político