La Fiscalía General de la República (FGR) compró software para realizar espionaje digital entre 2019 y 2020. Un reportaje publicado por el diario El País e investigaciones realizadas por la organización R3D, Red para los Derechos Digitales, documentó que la compra y uso indiscriminado de esta paquetería en el país, en tiempos de una administración que afirma “no espiar” al pueblo mexicano. 

Las investigaciones indican que la FGR, con Alejandro Gertz Manero al frente, adquirió este software llamado Geomatrix a través de la subsidiaria mexicana Neolix de México con contratos que ascienden a, al menos, 5.6 millones de dólares. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) esta paquetería se usa para geolocalizar líneas móviles y rastrear comunicaciones sin ser detectado en redes GSM, 3G, 4G, LTE, entre otras. 

Sin Luis Fernando García, director general de R3D detalla que la FGR negó la existencia de estos contratos, datos de la ASF, prueban que el software se usó sin controles, ni requerimientos judiciales. 

“La ASF dice que constató que se usó Geomatrix 13,890 veces, lo cual demuestra que se usó de forma ilegal, pues solo se registró que pidieron autorización 124 veces para usarlo, pero lo usaste más de 13,000 o probablemente más; está probada la ilegalidad ahí”, dijo García en entrevista con Unocero. 

Según lo recabado por R3D y El País, la FGR compró capacidad de Geomatrix para geolocalizar 135,000 unidades sin límite de monitoreos por día. 

En la plataforma de transparencia, las autoridades están obligadas a informar cuántas veces le piden a un juez la autorización judicial que se necesita para hacer un proceso de rastreo de comunicaciones, pero según los datos oficiales de la Fiscalía, en 2019, sólo pidieron autorización para geolocalizar 124 veces. 

“El gobierno y la Fiscalía están guardando silencio, pero hay evidencia contundente de que en este gobierno sí está espiando. (…) Solicitamos los contratos y la Fiscalía dijo que no existían. Lo estamos presionando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)  y evaluando otras vías legales para seguir con esta investigación y exigir rendición de cuentas”, dijo el activista. 

Aunado a Geomatrix se documentó también la compra de Echo-Platform, otro software utilizado para recabar datos de usuarios de internet de manera masiva y desapercibida en 2019; este software es comercializado por la firma de ciberseguridad israelí Rayzone Group, ubicada en Tel Aviv, Israel, uno de los hubs de startups de ciberseguridad más importantes del mundo. La firma vende su tecnología, certificada, a gobiernos alrededor del mundo de manera legal; sin embargo, el problema es la ejecución local de la tecnología, pues en México su uso indiscriminado implica una violación a los derechos humanos y a la protección de la privacidad datos que resguarda el artículo 16 de la Constitución Mexicana, según lo adicionado a este artículo en junio de 2009.

“Ya hemos informado a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y viendo cómo otros organismos internacionales nos pueden ayudar”, dijo García.