La parálisis regulatoria y la extrema litigiosidad del sector de las telecomunicaciones en México pareciera estar llegando a un punto de inflexión. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, actualmente en la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, se suma a los esfuerzos de los agentes regulatorios vigentes como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Comisión Federal de Competencia (CFC).
En los sexenios anteriores, si bien los avances regulatorios fueron escasos, es posible celebrar acciones como la portabilidad numérica, las licitaciones de espectro para servicios móviles de nueva generación en las bandas de 1.7-2.1 y 1.9 GHz, la licitación de fibra óptica de la CFE y la importante reducción de las tarifas de interconexión tanto fijas como móviles.
Sin embargo, estas acciones no fueron sencillas. Las empresas de telecomunicaciones en su legítimo derecho a defender sus utilidades encontraron la estrategia óptima al dilatar las acciones regulatorias por medio del abuso de la figura del amparo. La competencia que debería darse en la cancha del mercado vía precio y calidad se disputó en el campo de la legalidad, en el cual las empresas podían por lo menos retardar el efecto negativo de las políticas públicas en favor de los consumidores.
Casos específicos como la consolidación de áreas de servicio local (ASL), que se refiere a la eliminación de cobros de larga distancia entre comunidades vecinas hasta alcanzar una sola tarifa a nivel nacional, ha sido hasta la fecha retrasada legalmente por Telmex, el operador de telefonía fija declarado dominante por la CFC desde 2009. La buena noticia es que en días pasados ha sido retomado el proyecto de consolidación de ASL por la COFETEL y pudiéramos ver en 18 meses el impacto de la reducción de los precios de larga distancia nacional.
En otras acciones, la CFC ha declarado dominante a varias empresas del sector de las telecomunicaciones tanto fijas como móviles, sin que esto haya representado un avance en la competencia del sector. Se han impuesto multas considerables a las prácticas monopólicas de las empresas con la intención de corregir dichas fallas de mercado, pero estas han terminado en “multitas“ comparadas con el daño que hacen al consumidor este tipo de prácticas.
Ahora es un momento clave para el sector con la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para emparejar el piso competitivo. Se debe dotar de más atribuciones a los órganos reguladores para que en la realidad, las declaraciones de dominancia tengan el poder de modificar el comportamiento despiadado de las empresas. Adicionalmente, iniciativas como la apertura a la inversión extranjera directa (IED), ya habían sido discutida varias veces en la Cámara de Diputados y de Senadores sin llegar a ningún acuerdo. No se trata de regalar a los extranjeros nada, solo de incrementar la cantidad de capital necesario para invertir en el país.
Necesitamos poner a trabajar más fibra óptica y más espectro ociosos en favor de los mexicanos sin una visión meramente recaudatoria sino competitiva.
En contraparte, es el momento de dar por fin certidumbre regulatoria a la industria privada para fomentar las inversiones que beneficien la calidad y cantidad de servicios de telecomunicaciones en el país. Y es posible decir que todos estos esfuerzos no son ni serán suficientes si no se cuenta con una política de cobertura social de los servicios en zonas de alta marginación.
El reto es grande y es el momento de mostrar de qué está hecho México. Ojalá las autoridades, empresas y ciudadanos estemos en posibilidad de dialogar y llegar a los acuerdos que se necesitan para transitar a una verdadera sociedad de la información y el conocimiento.