La baja penetración de servicios de telecomunicaciones, la cuestionada calidad y el alto precio que pagamos por ellos son un síntoma más del atraso de las telecomunicaciones mexicanas en comparación con los países que son nuestros principales socios y competidores comerciales.
De acuerdo al más reciente comparativo de la OCDE, Communications Outlook 2013, el organismo internacional para la cooperación y el desarrollo económico ubica a México en el último lugar de accesos totales a telecomunicaciones por cada 100 habitantes. Si medimos exclusivamente las líneas móviles, México es el penúltimo lugar en penetración solamente por arriba de Canadá. En cuanto a banda ancha fija, el panorama no varía mucho; somos el penúltimo lugar por encima de Turquía. La banda ancha móvil nos posiciona en último lugar en accesos per cápita. Y por si fuera poco, la velocidad promedio de los accesos a banda ancha en México es la más lenta del comparativo.
El servicio de televisión muestra resultados similares. La penetración de televisión digital en México es la más pobre de la OCDE y seremos de los últimos países en apagar las señales análogicas de televisión abierta junto con Chile y Turquía.
La conectividad a internet de banda ancha ha sido una prioridad desde el sexenio pasado con la publicación de la Agenda Digital.mx y justo el día de hoy se presentó la Estrategia Digital Nacional del gobierno en turno. No serán visibles los resultados de un día a otro, sin embargo, el no contar con una estrategia digital representaría un mayor atraso. El objetivo deberá ser, al menos, aspirar a estar por encima del promedio de la OCDE.
Para alcanzar dicho objetivos, cabe recordar que a principios de junio de 2013, el Poder Legislativo aprobó una serie de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. No obstante, las reformas constitucionales aún deberán ser plasmadas en una legislación secundaria, que supuestamente debería ser aprobada antes del 9 de diciembre de 2013, según el calendario acordado por los mismos legisladores. Y los retos son muchos.
El problema es que una vez más vamos atrasados y algunos diputados y senadores han salido a declarar que no estará lista la legislación secundaria antes del plazo pactado sin ninguna penalización por ello. En lo personal, me parece una decepción. Estoy de acuerdo en que no se deba hacer una legislación al vapor sino una de fondo que pueda ponernos al corriente frente al resto del mundo. Pero, ¿para qué establecen fechas que no pueden cumplir? Y si fuéramos los ciudadanos de a pie quienes nos atrasamos con el pago de los impuestos federales, ¿qué sucedería?